Publicado: 25/11/2019

Escrito por Vannya Vallejos Moreno

Proyecto precursor de la modernización registral en Nicaragua.


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El Dr. Eduardo Ortega Roa, director nacional adjunto de los Registros, recibió el “Premio a la Excelencia Geoespacial de América Latina para la Administración de Propiedades”.

Diez años cumple este mes la implementación del Sistema de Información Integrado de Catastro y Registro, en el Registro Público de la Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Chinandega, proyecto precursor de la modernización del sistema registral nicaragüense.

En 2009, la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y la Procuraduría General de la República (PGR), implementaron en el Registro Público de Chinandega el proyecto piloto de un sistema que controlara y manejara el quehacer registral a través de un aplicativo.

El proyecto era necesario porque históricamente los registros públicos del país realizaban todos sus procesos registrales (recepción, asiento de presentación e inscripción y publicidad) de forma manual, en tomos físicos encuadernados, haciendo el proceso registral vulnerable a malas prácticas y deterioro de los libros, acentuando la fragilidad del resguardo de la información, lo que volvía endeble todo el proceso de regularización registral.

Con esta iniciativa, el Registro Público chinandegano se constituyó el precursor de la modernización del sistema registral nicaragüense, cuando la Corte Suprema de Justicia dotó de los instrumentos necesarios para desarrollar un sistema ágil, eficiente, moderno y acorde con los avances de la tecnología.

La modernización registral no se limitó a la implementación del SIICAR1, sino a la integración y mejora de herramientas de este sistema, que han coadyuvado a dar un mejor servicio a los usuarios.

Al punto de inflexión entre la era de los tomos físicos y los digitales, que marcó el SIICAR1, se definieron aspectos que mejorarían el proceso de modernización, como la Ley Nº 698 y su reglamento; la Ley de Garantías Mobiliarias y la Ley de Tasas de los Registros Públicos.

Estas normas legales implican la unificación de criterios en los registros del país, en la aplicación de la tasa por los servicios registrales, la calificación registral y las formas de trabajo, lo que ha causado un positivo impacto social y económico en Nicaragua.

Reconocimiento internacional
El SIICAR1 fue desarrollado con el objetivo de vincular la información registral y catastral del país, garantizando la seguridad de la data y registros legales; potenciar la seguridad jurídica de los actos y contratos inscritos, proveer una herramienta moderna que automatizara los procesos para la prestación de los servicios y la disminución de los tiempos de respuesta en el Registro Público y en el Catastro Físico

El SIICAR1 proveyó a la institución registral de una herramienta que abarca todos los libros de inscripción (Inmueble, Mercantil, Personas, Prendas, etc.) con la multiplicidad de servicios registrales, contemplados en la ley de la materia.

Así, en enero del 2013 se efectuó la migración de 32 a 64 bits tanto del Sistema Operativo como del Servidor de SIICAR1 y en junio de 2016 se efectuó cambio de servidores, en virtud de que los anteriores habían estado en servicio más tiempo de su vida útil.

Este proyecto ha recibido reconocimiento nacional e internacional. En el 2014 en México, el doctor Eduardo Ortega Roa, director nacional adjunto de los Registros, recibió el “Premio a la Excelencia Geoespacial de América Latina para la Administración de Propiedades”, en el Foro Geoespacial Latinoamericano, que reconoce a Nicaragua como el único país en Latinoamérica con un sistema informático que logra la concordancia catastral y registral en tiempo real.

En el 2012, la CSJ e Ineter asumieron el reto de implementar el SIICAR en el resto del país, para lo cual se creó la Dirección de Informática Registral (DIR) con la misión de rediseñar este sistema y crear herramientas que faciliten en los Registros Públicos, brindar un eficiente y eficaz servicio con seguridad jurídica a la población nicaragüense.

Managua, 25 de Noviembre de 2019.

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